Firma de un Finiquito.

FIRMA DEL FINIQUITO Y CARTA DEL DESPIDO

 

         Uno de los errores comunes para los empleados al ser despedido de forma disciplinaria es que firmen el finiquito y la carta de despido, sin indicar nada más, lo cual puede traer complicaciones de cara a una reclamación judicial del despido o del finiquito.

 

         Al ser despedido de forma disciplinaria caben dos posibilidades:

 

1) Que la empresa establezca que el despido sea procedente e incluso indique en la carta de despido o en el finiquito, que el trabajador no tiene nada que reclamar por ningún concepto a la empresa.

 

2) Que la empresa reconozca que el despido es improcedente y ofrezca alguna o ninguna indemnización, pudiendo establecer igualmente, que el trabajador no tiene nada más reclamar por ningún concepto a la empresa.

 

En cualquiera de los casos el trabajador debe firmar con la formula “no conforme” u otras similares para manifestar su desacuerdo con el despido realizado o/y la indemnización que se le ofrece, para que posteriormente sea calculado correctamente por un abogado o profesional en materia laboral.

 

En el supuesto de que el trabajador hubiese firmado sin indicar su disconformidad con la carta o el finiquito de despido, conforme establece la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que el finiquito o la carta de despido tenga valor liberatorio para la empresa y en consecuencia no tenga que indemnizar al trabajador o se declare la procedencia del despido, o que el trabajador está conforme con la extinción del contrato, en dicha carta debe aparecer expresiones que manifiesten la voluntad unilateral, mutuo acuerdo o transacción del trabajador de extinguir la relación laboral o/y que está conforme con la indemnización que se le ofrece.

 

Dichas menciones han de ser expresas y claras en la carta de despido o finiquito, especialmente ante el principio que rige la legislación laboral de indisponibilidad de derechos del artículo 3.5 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que dicha renuncia a la acción judicial o a percibir la indemnización correspondiente, ha de ser expresa e interpretada siempre de forma restrictiva.

 

En suma son dos los requisitos para que el finiquito o la carta de despido tengan valor liberatorio del empresario:

1) Que dicha renuncia no se efectúe en términos genéricos sino en relación con el preciso contenido de los derechos a que el finiquito se refiere.

 

2) Que dicho finiquito exprese, una declaración de voluntad inequívoca en relación con la acción concreta a la que se renuncia (despido improcedente o indemnización), que carezca de vicios del consentimiento y que plasme un acuerdo transaccional.

 

En cualquier caso la declaración de voluntad será interpretada restrictivamente a favor de la conservación del derecho a la acción judicial por parte del trabajador.

 

En conclusión si el trabajador firma exclusivamente el finiquito y la carta de despido, sin mencionar nada más, cabe que pueda recurrir el despido siempre que no haya expresiones concretas y claras a que renuncia a su derecho a reclamar el despido o/y la indemnización correspondientes y esta no se haga con ningún tipo de vicios del consentimiento (error, coacción, etc.).

 

 

 

                                                        Fdo. José Gálvez

     - Letrado -

 

Ley 25 / 2015 de Segunda Oportunidad

La ley 25/2015 de 28 de Julio de mecanismos de segunda oportunidad, permite la exoneración de las deudas pendientes de personas físicas teniendo en cuenta que el artículo 1 de dicha ley, que viene a añadir el artículo 178 bis a la Ley Concursal la cual exige los siguientes requisitos para su concesión:

 

- El deudor deberá presentar su solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho ante el juez del concurso

 

  • - Que el concurso no haya sido declarado culpable.

 

- Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

 

- Que haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

 

- Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios.

 

- Alternativamente a lo anterior se someta a un plan de pagos.

 

 

En definitiva se obliga a los deudores para obtener la exoneración de sus deudas a abonar los créditos privilegiados que conforme a los artículos 90 y 91 de la Ley Concursal corresponden preferentemente a las deudas con las entidades financieras por créditos hipotecarias, garantizados, arrendamientos financieros, etc y las deudas con entidades públicas (Haciendas y Seguridad Social), y en menor medidas con las deudas con los trabajadores por el mínimo legal hasta el triple del salario interprofesional.

 

 

Dicha ley tendrá escasos efectos prácticos, teniendo en cuenta que sólo las deudas por créditos hipotecarios suponen más de un billón de euros para los españoles y extranjeros que viven en España, lo que supone más del 65% de la deuda total de los españoles y residentes en nuestro país, con lo que unido a que se tiene que tener abonada las deudas con las entidades públicas, hace inviable en la práctica a que se puedan exonerar las deudas de las personas naturales, que en todo caso tendrían que soportar las sociedades privadas no financieras y las personas físicas, lo que en la práctica son los que se ven obligados a soportar las deudas privadas, aparte de las públicas.

 

 

En suma la ley carece de efectividad práctica y no habrá una “segunda oportunidad” para los deudores que quieren reconducir su vida patrimonial y profesional.

 

 

 

José Gálvez

- Letrado -

 

 

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